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La derogación del Real decreto de 16/2012 supondría un gasto para las Comunidades Autónomas de 400 millones de euros

La derogación del Real decreto Ley 16/2012, planteado en repetidas ocasiones por la oposición en esta legislatura, y que supondría volver al anterior sistema de copago, produciría un gasto adicional a las Comunidades Autónomas de 400 millones de euros y perjudicaría a las farmacias, que se verían afectadas por mayores descuentos sin aumentar sus ingresos, ya que ese 4% procede ahora del bolsillo de los pacientes que, por su renta deben copagar.  Además, cambiaría las reglas del Pacto firmado con Farmaindustria debido a que ese mayor gasto no se corresponde con un aumento de mercado.

Si pensamos que el gasto a través de recetas se encuentra en el porcentaje más bajo de su serie histórica (en torno al 15% de todo el gasto sanitario), la derogación del RDL 16/2912 haría aumentar esta cifra hasta situarla en el 19 o el 20%.

La derogación del sistema actual de aportación de los beneficiarios aumentaría el gasto de una forma inmediata en un 4%, que no tendría ninguna consecuencia positiva para la economía de las farmacias, ya que esa cantidad se paga ahora por los beneficiarios, y a partir de la derogación, por las Comunidades Autónomas.  La consecuencia negativa para las farmacias es que a una mayor facturación a las farmacias se les deducen cantidades superiores.

El aumento del 4% en la factura farmacéutica se puede deducir fácilmente de analizar la situación anterior y posterior a la vigencia del RDL ya que antes de ella la aportación de los beneficiarios era algo inferior al 6% y en este momento es algo inferior al 10%.

En conclusión, este aumento del gasto distorsiona los presupuestos de las Comunidades Autónomas; el pacto con Farmaindustria y no beneficia en nada a las farmacias, ya que no obtienen un mayor margen pero si mayores descuentos. Además, revierte la situación de contención de la demanda conseguida desde el año 2012.

 

La intención de la oposición al Gobierno del PP

A lo largo de la actual legislatura se han producido numerosas intervenciones y preguntas parlamentarias sobre la desfinanciación de unos 450 medicamentos que se produjo en el mes de agosto del año 2012 mediante un Real Decreto que desarrollaba el RDL 16/2012.

La teoría del Grupo Socialista en el Congreso se concreta en que la desfinanciación priva de medicamentos útiles a los ciudadanos, a menos de que paguen el 100% de su precio. Además, al tener precio libre, se han producido incrementos de precio importantes en algunos medicamentos de los que se desfinanciaron.

Sin embargo, la mayoría de los medicamentos desfinancianciados ha pasado a la condición de “publicitarios” y la lógica indica que han obtenido una ventaja de mercado que impediría revertir esta situación. Incluso ha habido algunas excepciones como en el caso de Aterina que ha obtenido por Sentencia en el Tribunal Supremo, volver a ser financiado. En cuanto a limitar o revertir el precio de los que se encuentran en el mercado, se han agotado todos los plazos para que estos medicamentos puedan ser intervenidos, algo que también estaría fuera de las normas de la Competencia.

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