La Seguridad Jurídica es un principio virtuoso del Derecho, que aporta certeza a la situación del individuo en el estado, en todas sus dimensiones personales, patrimoniales y contractuales. A ella se deben herramientas o principios jurídicos técnicos como la irretroactividad de las leyes, prohibición de arbitrariedad de los poderes, la tipificación penal, la prescripción, la usucapión, la res iudicata, etc. Como tal está recogida en el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Aterricemos esto en la farmacia española.
En la botica, es notorio para la sociedad que el farmacéutico tiene el monopolio de la custodia y dispensación del medicamento, como se viene haciendo de toda la vida. Lo demás se desconoce. Los profesionales farmacéuticos conocemos bien el modelo básico. Se conoce que está fuertemente regulado, que sólo serán dueños de farmacias los farmacéuticos, que rige el principio de “un título (o más) puede(n) ocupar sólo una licencia de farmacia”, y que tiene además una dimensión patrimonial. Además la implantación territorial está planificada por módulos de población y distancias en la normativa de ordenación. Normativa que, aunque de competencia autonómica, todavía es homogénea entre sí como cuando era estatal allá por los 90 y cuando se originó antes de la democracia constitucional.
«El control del sector farmacéutico ha evolucionado en un híbrido administración autonómica-colegios que muchas veces genera sentimiento de indefensión»
Pero, como se intuye el lector, lo que viene es el océano, azul (para el jurista que debe ganarse la vida) y peligroso (para los que naden en él):
La cantidad de leyes generales básicas estatales (medicamento, profesiones sanitarias, establecimientos sanitarios), vigentes, total o parcialmente, de distintas épocas (la medición de distancias entre farmacias se hace con arreglo a normas de 1977, pensando en calles de entonces). A continuación, su desarrollo autonómico gracias a la transferencia en materia sanitaria, ha dado lugar a todo tipo de recursos competenciales al constitucional entre administraciones (por las subastas, el copago…) Todo ello sazonado con una improvisadísima actividad legislativa, y cuyo principal objetivo era bajar la factura farmacéutica del estado, sin importar demasiado los daños colaterales.
El control del sector, antaño cosa de los colegios, ha evolucionado en un híbrido administración autonómica-colegios que muchas veces genera sentimiento de indefensión al farmacéutico si se difumina el órgano al que dirigirse. Si este cóctel se enfría con territorios que ante problemas de liquidez impagan sus facturas… no hay AINE que alivie la jaqueca.
Si recuperamos el sentido común, habría que exigir a la administración un marco básico legal que sea sencillo, conocido y aceptado. Y no vale pedir que a uno le regulen el 100% de lo que puede hacer, porque al realizar el deseo se vive no un sueño, sino una pesadilla. Debe haber un espacio de libertad para que el profesional pueda ejercer centrado en su ciencia y el avance de los tiempos. Como ejemplo, notar que “coexiste” una prohibición general de publicitar la farmacia más allá de su cruz, junto con la venta online legal de medicamentos sin receta por las farmacias.
«Habría que exigir a la Administración un marco básico legal que sea sencillo, conocido y aceptado para la farmacia»
Escuché del Doctor Enrique Granda que este país sufre de una diarrea legislativa, que el pueblo contrarresta con el incumplimiento reiterado de esas leyes, haciendo la vida algo más soportable.
En España, un farmacéutico cuando abre la persiana de su farmacia por la mañana, debe asumir que se saltará varios preceptos ese día, sin que necesariamente suponga menoscabo para la salud de sus usuarios. Cuando le piden un ibuprofeno genérico -pero que requiere receta- para un dolor, porque es más barato que otro que no precisa receta, al dispensar el primero incurre en una infracción grave de la ley del medicamento, con sanciones previstas desde 30.000€ hasta 90.000€. Esto pasa todo el rato.
«El árbol de las leyes ha de podarse continuamente». Lo dijo el escritor francés Anatole François Thibault, y ahora que estamos entre Roland Garros, el Tour y la Eurocopa, podríamos aprovechar esta inercia para algo realmente útil a la sociedad: reforzar la Seguridad Jurídica.
Artículo publicado originalmente en iSanidad
