Eliminar las deducciones impuestas por el Real Decreto Ley 5/2000 y los que le siguieron en los años 2010 y 2011 es una tarea en la que deberían implicarse todas las organizaciones farmacéuticas sin descanso. FEFE lo está haciendo y lo ha hecho desde su publicación, promoviendo recursos y planteando alternativas, algo que se echa en falta en muchos de los que dicen representar a los farmacéuticos en nuestro país.
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional declarando que este Decreto Ley es constitucional no implica que se trate de una norma jurídicamente correcta, ya que se trata de una forma “sui géneris” de imposición fiscal sobre los beneficios que, en todo caso, debería recogerse en una ley de carácter fiscal que hubiera sido discriminatoria respecto a otros operadores económicos.
El RDL se justificó por una cuestión de “urgente necesidad” declarando su carácter transitorio, algo que los hechos han venido a contradecir, ya que catorce años después sigue vigente, e incluso aumentado por normas posteriores, algunas tratando de corregir, con escaso éxito, la penosa situación de muchas farmacias.
Una dificultad añadida para conseguir su eliminación o paliar sus efectos es que este tipo de deducciones se producen en algunos países de nuestro entorno como Italia, Holanda y Reino Unido, pero con una característica común y diferente a la nuestra, ya que en esos países las farmacias no tienen ninguna prohibición para conseguir bonificaciones y descuentos en sus adquisiciones.
Así las cosas, y visto que no será fácil verse libres de este tipo de deducciones, se están promoviendo soluciones más o menos imaginativas para cambiar las reglas del juego mediante una modificación del sistema retributivo de las farmacias basado en el pago de una cantidad por receta o un sistema mixto que contemple, además del pago por receta, también los gastos financieros de adquisición, rotación y almacenamiento.
Los promotores de este cambio retributivo, con el que no terminan de convencer a casi nadie, esperan que en la negociación de una cantidad fija por receta, y en su caso el pago de gastos financieros, pueda acabarse con toda la cascada de normas que imponen deducciones en función de las ventas. Esa es su aspiración, sin considerar que las Administraciones no estarán dispuestas a perder nada de lo conseguido hasta ahora, y que lo que se consiga permanecerá para siempre, ya que la desindexación a cualquier factor de la economía es un tótem para este Gobierno.
Además hay otros inconvenientes que parecen insalvables tales como: ¿Quién pagará la diferencia de precio en más de la mitad de los medicamentos que se dispensan? y ¿De qué partida presupuestaria? Ya que el pago de los medicamentos es una “transferencia a familias”, mientras en el pago por acto se desglosaría además en “pago por bienes y servicios” que es un capítulo presupuestario diferente en el que concurren todos los proveedores.
El gasto en medicamentos no se genera en la farmacia ni en la distribución sino en el resto de los agentes, particularmente en la industria y los prescriptores a quienes los eufemismos que tanto gustaban al régimen anterior llamaba con acierto “ordenadores del gasto”, aunque hasta ahora el volumen final de lo gastado hay que transferirlo a las farmacias, por lo que un cambio de dirección hacia quienes se benefician realmente de él, que son los pacientes, y quienes lo promueven, dejaría las cosas mucho más claras.
Por ello FEFE pretende establecer el reembolso como cambio fundamental de nuestras relaciones económicas con el Sistema Nacional de Salud, que se puede implementar gracias a la tecnología actual, al desarrollo de los modernos medios de pago, y sin tensiones políticas, ya que resulta neutro para los pacientes y para las Administraciones. Al negociar el sistema de reembolso puede ser un buen momento de acabar con los Decretos Leyes que tanto nos perjudican.
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