Nuestro sector de ventas minoristas de medicamentos y productos sanitarios, es decir, el de la oficina de farmacia que tan bien conocemos todos dada su alta capilaridad y presencia cercana en la sociedad, ha sido percibido por ésta como un sector estable y consolidado. Nada más lejos de la realidad. Los farmacéuticos han venido operando de forma que los usuarios de las boticas no resultaran damnificados por los desmanes que han ido acechando a la farmacia, como consecuencia de las políticas que sobre materia de prestación farmacéutica han ido tomando sucesivos responsables políticos. Estas desafortunadas políticas han surgido por la falta de liquidez de las administraciones públicas para hacer frente a sus compromisos adquiridos.
Los problemas de la farmacia son muchos y complejos y no dispongo de espacio, ni seguramente de la suficiente paciencia del lector, para enumerarlos. Con todo, el problema más preocupante y asfixiante, que impide, cuando menos, seguir invirtiendo en mejoras de servicios, es la falta de pago de la factura de medicamentos dispensados con cargo al sistema público de salud, lo que acarrea inseguridad, altas cargas financieras y hasta quiebras.
Este problema se transmite a lo largo de la cadena del medicamento y la falta de liquidez impuesta a las oficinas de farmacia genera problemas de cobro, tanto a las empresas de distribución como a la industria farmacéutica de cualquier tamaño. Hasta aquí la situación con las lamentaciones por muy reales que sean. Miramos al futuro y proponemos soluciones.
En este escenario, unido al esfuerzo realizado sin ayuda alguna por las farmacias en los últimos años invirtiendo en tecnología que ha situado a nuestro país a la cabeza de la informatización de las recetas del sistema público, algo que todavía muchos de los más adelantados no han conseguido, nos planteamos ahora dar un paso más: usar sus potencialidades no solo para incrementar nuestro propio control y ofrecer un mejor servicio profesional, sino para resolver definitivamente los problemas financieros que implican no cobrar puntualmente las recetas, dentro de un paquete de medidas orientadas al incremento de la eficiencia. Así, proponemos adoptar un Sistema Eficiente de Facturación y Cobro.
Este sistema operaría de forma similar a como lo hace la adquisición de bienes y servicios de cualquier sector efectuando el pago con medios de pago electrónicos. La autorización de cada dispensación tendría un código único e irrepetible que es el que conoce, junto a los importes a liquidar, la entidad financiera. Quedan por tanto salvaguardados los datos de prescripción frente al pagador, datos que solo manejarían las entidades de control sanitario. El sistema, por sencillo, llama la atención, y sin embargo viene a solucionar gran parte de los problemas actuales sin perjudicar a nadie. Las administraciones públicas liquidarían el importe adelantado por las entidades financieras y los usuarios, lo mismo que ahora, la parte que les corresponda según su situación. Efecto neutro pues para Administración y usuarios.
En cuanto a los colegios profesionales, actuales mediadores en el cobro, mantienen su funcionalidad como garantes del proceso sanitario y se liberan del problema de no poder adelantar el pago a las farmacias cuando se produce una situación de impago, pues no es su función, no están preparados ni tienen el pulmón financiero necesario.
Respecto a la farmacia, que pagaría un coste similar a las operaciones con medios de pago electrónicos, mucho menor a lo que paga ahora por el mecanismo de facturación vigente, se beneficiaría por la liquidez inmediata y la ventaja del coste de oportunidad, al contar con el ingreso de la dispensación de forma instantánea.
Otra pregunta podría referirse a las modificaciones legales necesarias para implantar el sistema y sus posibles efectos en la protección de datos. La respuesta es que no serían necesarias modificaciones legales ni siquiera en el régimen de Conciertos y que no habría ninguna posibilidad de incumplir la protección de datos ya que las transacciones serían exclusivamente por código y cantidades económicas.
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