Opinión

Eliminar la limitación en los descuentos, una buena medida pero insuficiente

No es novedad ni noticia afirmar que desde FEFE recibimos bien la posibilidad de eliminar restricciones para negociar las condiciones económicas en una transacción comercial entre empresas privadas, cuyos pactos y acuerdos no afectan ni en positivo ni en negativo al coste público (aunque su precio, por cierto lo establece el propio Estado). Nadie entiende esta medida, que nada aporta al bien común y sí restringe la capacidad de gestión de los operadores en la cadena del medicamento. A la obligación de prestar un servicio tan esencial a la sociedad hay que añadir la obligación de hacer una buena gestión de sus empresas, asegurando su viabilidad y los puestos de trabajo, cuestión esta última que a veces parecen olvidar desde el legislativo.

Sea pues bien recibida la medida, si llega a materializarse, de eliminar la limitación de descuentos y/o bonificaciones en función de escalados de compra que, en cualquier caso, mejoran los stocks y ahorran otros costes de distribución, lo que, en definitiva, mejora la calidad de la prestación farmacéutica a los usuarios. Pero resulta insuficiente y, hasta cierto punto, peligrosa si no va acompañada de otras medidas necesarias, imprescindibles.

La gravedad y estrangulamiento a la farmacia se vertebra en torno a la suerte de reales decretos leyes con origen en el RDL 5/2000 y las posteriores versiones. Lo que se articuló como una medida coyuntural para un momento dado se ha cronificado hasta tal punto que lo llevamos padeciendo quince años, mucho antes de que nadie hubiera oído hablar de crisis. Desde luego, la combinación de estos decretos leyes con la limitación a la gestión de compras desde la farmacia se han convertido en una pócima de perversos efectos. No basta eliminar uno de los venenos, porque el otro sigue matando si no lo retiramos también.

Si legítimamente aspiramos a la derogación de los Reales Decretos Leyes no debe contraponerse a la eliminación de las limitaciones a las bonificaciones en las compras que realizan las farmacias, algo que puede conseguirse en el caso de que se produzca una amplia desfinanciación, tal y como propone el estudio presentado por la Dra. Laura Pellisé, investigadora del Centro de Estudios de Salud y Económicos (CRS) de la Universidad Pompeu Fabra, en el 51 Encuentro Anual de la Industria del Autocuidado de la Salud. Bastaría –según esta investigadora- con reclasificar el 5 por ciento de los medicamentos con receta y financiados que actualmente se utilizan en el tratamiento de sintomatologías leves o incluso banales, pasándolos a autocuidado, con lo que se liberarían recursos suficientes para no poner en riesgo la financiación de otros fármacos para patologías graves o muy graves tanto desde el punto de vista médico como social.

El ahorro, en cinco años, podría superar los 3.000 millones de euros

La estimación hecha en este estudio es, que los ahorros producidos en cinco años podrían superar los 3.000 millones de euros, con la ventaja añadida de que la desfinanciación reducirá de forma significativa las visitas a los médicos, el absentismo laboral justificado para obtener estos medicamentos, desplazamientos innecesarios y costosos y otra suerte de recursos.

Las experiencias de desfinanciación llevadas a cabo hasta ahora en España han sido positivas y los usuarios entienden que es necesario liberar recursos para proporcionar los medicamentos más novedosos y que los aumentos de precios que se producen en los desfinanciados son poco perceptibles, al tener base de partida muy baja, si bien han sido incompletas y con defectos que ahora se pueden corregir.

Con la desfinanciación se debería plantear definitivamente la eliminación de las deducciones y descuentos procedentes de los Reales Decretos Leyes, la libertad de precios de los medicamentos genéricos para fomentar la competencia con los medicamentos de marca, y la libertad de gestión en las adquisiciones desde las farmacias.

Ninguna de estas operaciones realizada de forma independiente presenta beneficios para el Sistema Nacional de Salud sin acarrear perjuicios para los usuarios o la cadena farmacéutica aunque, en su conjunto, y llevadas a cabo de forma coordinada, pueden constituir una propuesta política liberadora de recursos públicos y una mayor satisfacción para los agentes que intervienen en la cadena del medicamento.

(Este artículo ha sido publicado originalmente en la tribuna de opinión de Correo Farmacéutico)

Fernando Redondo

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